A raíz de las denuncias efectuadas por el Programa "Informe Especial" sobre la actuación de pandillas violentistas en la Quinta Región, la diputada María Eugenia Mella reaccionó de inmediato recurriendo al Ministerio del Interior para pedir una exhaustiva investigación que determine qué grupos fanáticos y racistas existen en la Región y cómo enfrentarlos. Incluso pidió la participación de la recientemente creada Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.
Por su parte, los diputados Juan Bustos (PS) y Antonio leal (PPD) se entrevistaron también con el ministro Francisco Vidal acompañados del padre del joven asesinado, Jaime Bórquez y del congoleño Jacko Bikaka, quien también fue agredido por una pandilla "neonazi".
Los parlamentarios pidieron que el Gobierno aplique medidas para evitar las agresiones a minorías y extranjeros, principalmente a manos de bandas "neonazis". Ambos diputados llamaron al Ejecutivo a empadronar a estas agrupaciones racistas y brindar protección a grupos como los "punk" y/o extranjeros que han sido víctimas de violencia racial.
El diputado Bustos, además, solicitó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara investigue “los hechos de violencia producidos en el país por grupos boneheads y neonazis, a fin de determinar el número de bandas, organización, acciones realizadas, el uso de contenido racista, xenófobo y violentista, las responsabilidades en los daños provocados”.
Reactivan Ley Antidiscriminación
A lo anterior se suma la decisión de dar urgencia al proyecto de ley contra la discriminación aprobado por la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, moción que intentará paliar el frustrado intento de cambio más profundo: hace una semana, la cámara baja rechazó una reforma al artículo 19 Nº 2 de la Constitución, que prohibía toda discriminación y garantizaba la protección contra cualquier acto discriminatorio por raza, sexo, religión o ideas políticas.
La llamada Ley Antidiscriminación ha intentado ser votada en varias oportunidades, pero no ha prosperado ya que supone otorgar una poderosa herramienta jurídica para las demandas de las organizaciones indígenas en el país, cuyos intereses afectan directamente a las transnacionales y grupos empresariales chilenos.