Patria Nueva Sociedad y la Justicia


	El Derecho y la Justicia son legítimos cuando provienen de la Naturaleza de la Comunidad del Pueblo que los genera. Las Leyes son la expresión normativa del poder individual y de la voluntad de la Comunidad del Pueblo. Las Leyes sólo son justas y legítimas cuando provienen y representan el poder individual y la voluntad colectiva, de acuerdo a la propia naturaleza de la Nación que las genera. Por lo anterior, sólo tienen carácter internacional y legitimidad como tales, aquellas leyes que hayan sido sancionadas por todas y cada una de las Comunidades que serán juzgadas por sus preceptos, y no existe ninguna ley internacional legítima que surja de la imposición de sólo algunos o de la simple mayoría. De allí que el Derecho en su origen sea privativo y exclusivo de la Comunidad del Pueblo que lo genera, y sólo aplicable por y para quienes formen parte de dicha comunidad, dado que surge de su exclusiva naturaleza. Al igual que la soberanía, el Derecho Natural surge del respeto y reconocimiento de la Comunidad del Pueblo como expresión de la propia Naturaleza Humana, y por ello su legitimidad y jurisdicción son inmanentes. Por lo anterior, la legislación debe estar al servicio de la preservación de la Comunidad del Pueblo que le da origen. La base de la existencia de una justicia verdadera, es la misma base que permite la existencia de la Nación que la aplica. La legislación no debe estar en contradicción con las ideas, costumbres, cultura y orden social del pueblo, sino que, por el contrario, debe constituir la expresión más fiel de la conciencia natural de justicia de la Comunidad del Pueblo que la genera. La expiación de la culpa, la protección del pueblo y la afirmación de la voluntad hacia la comunidad constituyen el sentido y la finalidad del derecho penal. En la medida en que la justicia social permita iguales oportunidades para todos y cada uno, la legislación penal debe privilegiar el interés de la comunidad que genera dichas condiciones. La fuente de todo derecho, es la conciencia de justicia natural del pueblo. Por ello, siempre constituirá un delito aquello que atente contra esta conciencia y que los principios fundamentales de la ley penal puedan considerar como tal. Por lo anterior, las penas deben ser directamente proporcionales al daño causado a la Comunidad del Pueblo, y en la medida de lo posible, deben consistir en acciones que beneficien a dicha comunidad, y que permitan la verdadera rehabilitación del condenado. Por este precepto, el daño a la vida, a la salud, al patrimonio, a la cultura y a los fundamentos de la vida en sociedad, deben ser castigados con el máximo rigor de la Ley.